Los conflictos a lo largo del planeta, sea cual sea el motivo o la ambición geopolítica que los alimenta, no han cesado, al contrario, estamos asistiendo a una polarización social y política que está recrudeciendo estos conflictos por todo el mundo. “El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en casi 70 años”, en los últimos tres años esta cifra no ha dejado de crecer. La migración climática, la guerras, la situación económica y social de muchos países del tercer mundo o la pandemia de la Covid y sus consecuencias han agravado sobremanera la situación de millones de personas que se ven abocadas a huir para salvar la vida o buscar mejores perspectivas.
En este clima, implementar los principios y los valores subyacentes de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 es verdaderamente complicado. Luchar para acabar con esta lacra, construyendo sociedades resilientes sobre la base de los derechos humanos, debe ser el camino hacia un sistema social de convivencia donde la sostenibilidad marque el devenir del planeta y sus habitantes. Sin esto, difícilmente podremos implementar ninguno de estos valores que incluye este ODS 16.
Sobre la garantía del marco del “estado de derecho” ha de cimentarse la construcción social que ponga fin a los conflictos y la inseguridad causada por la violación sistemática de los derechos humanos a lo largo del planeta. Es necesario que todos los países garanticen a las personas un espacio de vida donde tengan la seguridad y la garantía de que sus derechos fundamentales serán respetados y defendidos por el sistema legal desde la igualdad y sin discriminación alguna.
Hemos de trabajar para acabar con las diversas violencias que asolan a la ciudadanía mundial. Uno de sus mayores avales lo encuentra esta lacra en el negocio y el flujo consiguiente de armas a lo largo de todo el mundo. El lobby armamentístico y sus consecuencias, en todos y cada uno de los conflictos mundiales, es la mecha interesada que marca el inicio de todos los conflictos, de todas las guerras. Un lobby avalado y sustentado por algunos de los gobiernos más importantes del escenario político mundial. Muchos de los cuales nos tratan de vender sus intenciones pacificadores en cumbres mundiales e instituciones supranacionales, mientras por otro lado, siguen vendiendo las armas que alimentan cruentos conflictos en países que juegan el papel estratégico y geopolítico de turno, mirando mientras tanto para otro lado, mientras la población muere masacrada o es condenada a convertirse en ciudadanos de segunda en condiciones infrahumanas en campos de refugiados fuera de sus paises.
Además de la tan necesaria paz, este ODS 16 busca afianzar unas instituciones judiciales que apuntalen en todos los países un sistema de derechos y obligaciones que ponga al ciudadano y los derechos que le son consustanciales como persona en la cúspide de la construcción social y los principios de convivencia. Hoy en día, numerosos países aún tienen grandes deficiencias en esta cuestión. Países donde la gobernabilidad basada en el concepto de “estado de derecho” es una utopía, teñida de corrupción a todos los niveles y violación de derechos humanos, que desemboca en flujos migratorios en busca de unas condiciones de vida dignas.
Según el programa de naciones Unidas para el desarrollo, en 2020 había ya más de 80 millones de desplazados como consecuencia de conflictos armados, violencia, persecución o violaciones de derechos Humanos. Más de 10 millones de personas son apátridas, sin nacionalidad reconocida(negada) junto a sus derechos. Al menos en 49 países no existen leyes contra la violencia de genero, sufriendo las mujeres violencia sistemática en su vida diaria. Más de 1000 millones de personas son invisibles a efectos legales y más de 600 millones de niños nacieron sin ser registrados y por tanto legalmente invisibles.
En esta situación el desarrollo sostenible es un objetivo difícil de alcanzar ya que millones de personas viven refugiadas sin acceso a una vida digna y un mínimo de derechos. El estado de derecho es un principio básico para poder alcanzar un desarrollo sostenible a todos los niveles. No es posible avances significativos económica, social y ambientalmente mientras sigan existiendo personas de segunda categoría. Mientras sigamos mirando para otro lado ante la lacra de la violencia, la guerra y la violación de los derechos humanos. Mientras la corrupción campe a sus anchas(La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva les cuestan a los países en desarrollo US$ 1,26 billones al año). Mientras creamos que podemos esconder estos problemas en campos de refugiados para permanecer ciegos ante el sufrimiento de miles, de millones de personas que sufren y mueren a cuenta del egoísmo y la ambición desmedida del primer mundo.
Promover sociedades justas e inclusivas no es una necesidad, es una obligación, un derecho humano que debemos exigir y exigirnos cada uno de nosotros. Sin estos valores propios difícilmente podremos construir sociedades en paz, difícilmente podremos exigir gobiernos e instituciones que pongan a todas las personas sin discriminación alguna en la cúspide de sus objetivos. Difícilmente podremos alcanzar un desarrollo sostenible.
“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”
Martin Luther King.
