Tal y como pone de manifiesto Naciones Unidas en su “Pacto mundial” en lo que al acceso a la energía y a este ODS Nº7 se refiere; “es fundamental hacerla llegar a toda la población para mejorar a escala global el acceso a sistemas de cocción, calefacción, iluminación de escuelas y hospitales, comunicación y acceso a internet, máquinas y herramientas de trabajo, cuestiones que repercuten directamente sobre el desarrollo.”
ºLa pobreza energética es una calamidad que afecta de manera capital a las personas en su afán por alcanzar un mínimo desarrollo y bienestar en su vida. Pero este recurso, su generación y sus costes es una cuestión que va más allá del acceso a él de todas las personas y los pueblos. El coste medioambiental, el impacto sobre el planeta tanto desde el punto de vista de su generación como de su consumo, cuando derivan de modelos energéticos no sostenibles, en su mayoría dependientes de combustibles fósiles, está causando un deterioro ambiental y una crísis climática sin precedentes en la historia de la humanidad.
La premisa debe ser una energía asequible, sostenible, y segura.
Los consumidores con menos recursos, presentes no sólo en los países pobres, sufren la pobreza energética al no poder asumir el coste de la energía, debido a su situación, la ineficiencia de sus hogares y los precios de este recurso. Estamos ante un problema grave, que para muchos países es capital para su desarrollo, y que agrava si cabe las desigualdades entre las personas más necesitadas. En España más de 40% de la población sufre condiciones de vida asociadas a la pobreza energética(dificultades para asumir los coste de la energía, directamente carecen de ella o sufren temperaturas por debajo de lo recomendable en sus hogares). Según la OMS más de 38.000 personas mueren al año por causas asociadas a la pobreza energética que por otro lado es un recurso y un sector con pingües beneficios que tienen poca o ninguna compasión ante este grave problema. Las empresas energéticas y el poder político teatralizan un relación de amor-odio, de falsas o manipuladas regulaciones y legislaciones que en ningún caso tiene como objetivo acabar con este sistema energético injusto. Mientras muchas personas siguen teniendo que elegir entre comer o poner la calefacción.
Como recurso y sector de interés general que es, debería garantizarse su asequibilidad independientemente de sus costes para todas y cada una de las personas sin distinción. Estamos ante un bien de primera necesidad!!. No es posible que este recurso sea mercantilizado y esté sujeto al beneficio exponencial al que lo someten sus productores, distribuidores y comercializadores.
Un recurso que además requiere, obedeciendo a la necesaria trasformación que la crísis climática está poniendo de manifiesto, una trasformación del modelo de producción que conlleve el abandono paulatino de los combustibles fósiles para abrazar la producción sostenible de la energía a partir de energías limpias, renovables, no dependientes del petróleo. Una transición energética que paulatinamente implique una descarbonización del sector, encaminándonos hacia un modelo sostenible y renovable de generación energética. Este es un paso ineludible para una sociedad y un planeta que están en grave riesgo, debido en parte a un modelo desfasado de producción y consumo energético, cuyos impactos ambientales están teniendo como consecuencia el calentamiento global y el cambio climático.
Para alcanzar el objetivo sostenible número siete para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética.
Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente.
Asegurar un suministro energético justo y sostenible para todas las personas es un reto que pasa por asumir una serie de medidas ineludibles.
- Responsabilidad y compromiso por parte de los poderes públicos en la toma de decisiones que conlleven no sólo medidas encaminadas a garantizar el acceso justo y asequible de este recurso a todas las personas, sino también realizar cuantas inversiones sean necesarias para proporcionar infraestructuras que aseguren el abastecimiento y acaben con la pobreza energética en todas sus facetas.
Adoptar un modelo sostenible de generación energética. Este modelo debe poner el acento en cuestiones como el trasporte o la producción agraria, sectores entre otros, de grandes consumos y por tanto de grandes impactos ambientales. Este modelo debe suponer no sólo una transición hacia una energía limpia y sostenible sino también un sistema social energético justo y asequible para todas las personas.
En definitiva, hemos de exigir como ciudadanos que los recursos que están involucrados en el desarrollo de un mínimo vital y de un bienestar asociados a nuestros derechos fundamentales reconocidos en los textos legales que regulan nuestras vidas, estén garantizados y su acceso no suponga un privilegio de clase que fomente la discriminación social y una tácita violación de esos derechos consustanciales a cualquier persona.
La energía asequible, segura y sostenible debe ser un derecho, no un capital al servicio del neoliberalismo energético que pasa por encima de las personas y sus necesidades a favor del crecimiento exponencial y el beneficio a cualquier precio.
“La idea de consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho humano básico a una vida digna”
Cecilia Sánchez.
Jurista.
